«Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre». Así definían a fines del siglo XIX dos médicos franceses de apellidos Bérard y Gubler a nuestra profesión, que tiene que lidiar con el dolor y el sufrimiento valiéndose de las herramientas de una ciencia en constante evolución pero que siempre son limitadas frente al inmenso misterio de la vida.
Aquella definición bien puede aplicarse a la tarea de quienes tenemos, además, responsabilidades en la elaboración de políticas públicas. Debemos dar respuestas a los complejos problemas de la sociedad afrontando soluciones que signifiquen una mejora en las condiciones de vida de la gente. Muy especialmente, de aquellos que más sufren.
El debate por la utilización medicinal del cannabis es quizás una de las discusiones de la agenda pública en la que más notorio se hace ese deber, una especie de anexo del juramento hipocrático del médico o del de asunción de quienes tenemos un cargo público.
En las comisiones de Diputados pudimos ver la cruda dimensión humana de este problema. Madres de hijos que sufren convulsiones 30 veces al día nos recordaron que hay quienes cargan con un dolor insoportable, que nos están pidiendo que si no podemos curarlos al menos los aliviemos y los consolemos.
Los derivados del cannabis para uso medicinal pueden ser la respuesta para el dolor de estos niños, entre otros enfermos. Esta sustancia ha demostrado ser de utilidad en cuadros como la epilepsia refractaria, coadyuvante en el dolor oncológico, la espasticidad en esclerosis múltiple o la anorexia por HIV.
El uso del cannabis con fines terapéuticos se pierde en lo más remoto de la historia de la medicina. Hace 5.000 años los chinos y los egipcios registraron su uso; y más tarde los griegos Galeno y Dioscórides -de gran influencia sobre la medicina y la farmacología durante siglos- escribieron al respecto. Incluso, a partir de 1800, la medicina occidental ya atravesada por la metodología de la ciencia positiva la incluyó entre sus tratamientos que documentó en más de 100 escritos académicos.
Esta corriente de investigación del uso medicinal del cannabis se detuvo en la década del 30, de la mano de un prohibicionismo basado en el potencial de abuso de ciertas sustancias, que omitió los matices necesarios para que una política pública sea justa y equitativa.
Esa es una de las cuestiones que hoy estamos tratando de remediar. Porque aquí no se debate el uso recreativo de una sustancia, sino su utilización para aliviar síntomas. Algo bien distinto, tanto en su forma de administración como en su finalidad.
La Argentina tiene un marco normativo que, paradójicamente, habilita la utilización médica de esta sustancia pero que a la vez penaliza su cultivo, tenencia y comercialización. Es decir, permite el cannabis medicinal pero lo torna abstracto.
Lo que hace falta, y que impulsamos, es un protocolo de investigación que nos permita no sólo dar respuesta al dolor de quienes hoy están sufriendo, sino también mejorar la evidencia científica. Para ello creemos que es necesario un estricto control con la intervención del Conicet y de las facultades de Medicina y Farmacia. Además, la producción debe estar en cabeza de universidades e institutos nacionales, con capacidad técnica y con los parámetros de calidad y seguridad exigidos por la ANMAT.
Esto es algo en lo que otros países ya avanzaron. Desde 1996 el cannabis medicinal es legal en el estado norteamericano de California, al cual se sumaron otros 23 de los 50 estados. También Canadá, Holanda, Israel, España y Australia lo permiten, y Alemania lo hará a partir del año próximo.
En mi visión como médico y como político, estamos frente a la posibilidad de cumplir con lo más sagrado de nuestro mandato. Tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros semejantes y de contribuir al progreso de la ciencia médica.
